COMUNICADO OFICIAL DEL LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID

Tras la publicación en el BOE, del Real Decreto por el que se declara el estado de
alarma y toda vez que el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid es una
corporación de derecho público, que tiene encomendados servicios de
naturaleza pública, a los efectos del mantenimiento de los mismos y dando
cumplimiento a lo acordado por el Gobierno de la Nación, se ha procedido por
parte de la Junta de Gobierno a adoptar e informar en los siguientes términos:
Medidas de Funcionamiento del Colegio:

 Cierre de todos los Salones de Notificaciones de todo el territorio de la
Comunidad de Madrid y resto de oficinas administrativas.

 En la sede de calle Poeta Joan Maragall, núm. 66, se prestaran
exclusivamente servicios a través de ventanilla, sin permitir el acceso al
salón, teniendo en cuenta que no se reciben notificaciones en papel.

 Desde la Sede del Colegio, Calle Bárbara de Braganza, 6 de Madrid, se
atenderán los siguientes servicios exclusivamente en los supuestos
considerados de urgencia en los términos del Real Decreto:
o Justicia Gratuita.
o Reparto telemático de Notificaciones,

▪ Las notificaciones recibidas por el Colegio el día 16 se
entenderán notificadas al procurador una vez finalice el estado de
alarma y siempre teniendo en cuenta lo establecido en el art. 151
de la LEC., a salvo de los supuesto de urgencia que contempla el
Real Decreto, en cuyo caso el régimen de notificaciones será el
habitual.

▪ Se está en contacto con las autoridades judiciales, a los efectos
que las notificaciones que se reciban por Lexnet, se ajusten a los
requerimientos del Real Decreto, sin perjuicio de la obligación que
tiene el Colegio de repartir todo lo que se reciba por Lexnet.
o Atención telefónica y / Telemática a Profesionales y ciudadanos

▪ Teléfonos de atención: 91 308 13 23 – 91 308 13 24

▪ Correo Electrónica: dpto.secretaria@icpm.es – dpto.jg@icpm.es
El Horario será de 8:00 h. a 15:00 h.

 Suspensión de los plazos administrativos en relación al Reglamento de
Cuota Colegial Variable, las cuotas que se devenguen durante la vigencia
del estado de alarma se podrán abonar hasta el 31 de julio, en régimen de
bonificación.

 En relación con la disposición adicional tercera, se procede a suspender
cualquier plazo administrativo que se reanudara en virtud de lo que se
establece en la misma, que reproducimos en este documento.
IMPORTANTE.: NO SE ATENDERA A LOS PROFESIONALES, NI AL
PUBLICO EN GENERAL DE MANERA PRESENCIAL.
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES

Artículo 3. Duración.

La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es
de quince días naturales.
Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en
las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a
los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a
los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de
protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria
y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o
menores.
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá
acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente,sean
inaplazables.

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se
refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de
la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a
la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en
el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los
derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón
de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor
previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá
acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias
para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las
partes en el proceso.
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos
administrativos.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no
se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los
que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma.
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción
y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en
su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

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